sábado, 17 de marzo de 2012

Centros públicos en libertad de elección, novedosa clasificación del PP.

Nosolomérida
 Colegio "Josefinas" de Mérida, abril 2008
En el Pleno de la Asamblea de Extremadura celebrado el pasado jueves se abordaron diversos asuntos relacionados con la enseñanza en la región. Por una parte, el diputado izquierdista Víctor M. Casco preguntó: "¿Cuáles son las razones del Gobierno de Extremadura para realizar una modificación presupuestaria restando 270.000 euros destinados a gastos de funcionamiento de los centros públicos de secundaria y formación profesional para sumarlos a gastos en la concertada?".

La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, contestó: Y esta modificación presupuestaria mínima lo que ha pretendido era hacer una actuación equitativa y justa hacia los docentes de la concertada que, como bien sabe, tienen en Extremadura uno de los más bajos niveles de reconocimiento, tanto laboral como de equiparación con respecto a los docentes de la enseñanza pública”.

Por su parte, el PSOE interpeló a la Junta sobre las políticas de desarrollo y fortalecimiento de la enseñanza pública de Extremadura. El diputado socialista Luciano Fernández dijo: "Ustedes tiene un presupuesto que es un desastre, que es un desastre, donde todavía no han hecho público cómo van a solucionar el agujero de 21 millones en la enseñanza concertada (10 millones para la infantil y primaria, y 11 para la secundaria, formación profesional), que es su responsabilidad". La consejera Nogales le respondió: "Hemos elaborado unos presupuestos en 2012 que son tremendamente ambiciosos en una situación absolutamente adversa, que no se le escapa a nadie, donde el Gobierno, insisto, ha mantenido el nivel en educación por encima de ese 20%". Y la diputada popular María Josefa Valadés en su intervención para cerrar el debate de la interpelación dijo: "En una época de dificultad y austeridad habría que redoblar los esfuerzos necesarios para conseguir una escuela pública de calidad. Ahora bien, no podemos confundir términos. Hablamos de escuela pública. No hemos hecho distinción entre público y privado: hablamos de centros sostenidos con fondos públicos. Pues, bien, este nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, como ha expuesto otra vez la consejera en este atril, tiene una apuesta decidida por la educación pública, precisamente y en primer lugar, en un marco de libertad, en un marco de libertad de elección de centro, que como usted sabe también es un requisito importante para que sea una escuela pública de calidad”.

La consejera Nogales reconoce claramente ante la Asamblea de Extremadura la deshomologación laboral y retributiva que padecen los docentes de la privada concertada de Extremadura con respecto a sus homólogos de la enseñanza pública y, a la vez, su compañera de partido, Valadés, manifiesta que pública y privada concertada no deben distinguirse, por aquello de estar sostenidas con fondos públicos. Incluso podemos interpretar que esboza una novedosa clasificación de centros que englobaría a los públicos + privados concertados: centros públicos en libertad de elección. (Curiosamente un diario regional recogía el martes pasado una carta de rectificación remitida por un sindicato representativo de la enseñanza privada concertada de Extremadura en la que defendía la misma definición de la privada concertada que hace la Junta. “La Educación Concertada es un servicio público aunque la titularidad de esta sea privada y por tanto es educación pública, no existiendo de facto ese enfrentamiento como parece indicar y desear el título del artículo”, dicen en dicha carta).

La diputada Valadés puede que sugiera la novedosa clasificación de los centros como principio general de una nueva Ley de Educación, o quizás se trate de un argumento para justificar cuantas modificaciones presupuestarias corresponda hacer de la pública a la privada concertada y viceversa, y todo queda en la casa de centros públicos en libertad de elección.

Luciano Fernández refirió en su intervención a una periodista que el 10 de marzo en este diario concluía la noticia ”Quién sabe cómo” de la forma siguiente: “El sector no se ha atrevido a exigir más respuesta, ni la Consejería a darla. Y ahora ya no solo faltan 21 millones, también claridad”. Puede que el pasado jueves, y ante la Asamblea, la diputada Valadés le diera la respuesta que busca, con la idea de la casa común de los centros públicos en libertad de elección. Lo cierto es que, mientras tanto, el Gobierno de Monago, la Junta, no impulsa la prometida homologación retributiva y de jornada para los docentes de la privada concertada y mantiene la misma posición de ”uno de los más bajos niveles de reconocimiento”, que señaló en la Asamblea la consejera Nogales. Eso sí, puede que la pretendida casa común de los centros públicos en libertad de elección que sugieren los populares pase por una homologación de las condiciones de trabajo del profesorado (jornada, retribuciones, etcétera) a la baja, y así de paso quieran cuadrar las cuentas de los presupuestos nacionales y regionales. O sea, lo que llaman reajustes.

Presidente ADECEX

martes, 13 de marzo de 2012

Guadiana vota respeto a la ley.

El Periódico Extremadura
Vecinos de Guadiana del Caudillo votando el 11-M
El 60 por ciento de los guadianeros que habían sido convocados a la disparata consulta de PP (Pozo Pitel) para decidir si se mantenía o no del Caudillo en Guadiana no fueron a votar. En las pasadas elecciones del 20-N se abstuvo el 25 por ciento.

Los partidos políticos PSOE e IU, junto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) habían pedido a los vecinos que no votaran porque la consulta no estaba ajustada a derecho y, además, supondría validar a quienes se saltaban la Ley de la Memoria Histórica.

Todo indica que el incremento de la abstención en la consulta del 11-M con respecto a las elecciones generales del 20-N: 1.133 electores (60%) sobre 470 (25%) obedece a la petición de abstención que PSOE, IU y ARMHEX le hicieron a los vecinos con el fin de que se respetara la ley, así como el procedimiento de consulta. Cuya resultante ha sido que la mayoría de Guadiana ha dicho no al paripé de consulta y sí al respeto a la ley.

El presidente Monago firmó el decreto de independencia que mantenía del Caudillo (DOE 23F) sabiendo que tal nombre conculca la ley y divide a los ciudadanos. Pozo Pital, que fue elegido alcalde con 1.067 votos, ha demostrado serlo de una parte de los vecinos de Guadiana al mantener y ampliar la simbología de la dictadura. Dos responsables de distinto nivel pero complementarios, que han quedado desautorizados por quienes no ejercieron el derecho a votar como señal de respeto a la ley.

En Guadiana ganaron los abstencionistas, los del respeto a la LEY.

Nosolomérida
Vecinos de Guadiana del Caudillo votando el 11-M
El 60 por ciento de los vecinos de Guadiana del Caudillo que habían sido convocados a la disparatada consulta de PP (Pozo Pitel) para decidir si se mantenía o no “del Caudillo” en Guadiana no fueron a votar el pasado 11M. En las elecciones generales del pasado 20N se abstuvo el 25 por ciento de los llamados a las urnas en esta localidad.

PSOE, IU y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) habían pedido a los vecinos que estuvieran en contra de mantener el nombre que no participaran en esta votación porque la denominación de la localidad es ilegal por estar en contra de lo que manifiesta la Ley de Memoria Histórica; también lo era la consulta porque no había seguido lo que marca la legislación vigente para este tipo de referendos.

Todo indica que el incremento de la abstención en la consulta del 11M con respecto a las elecciones generales del 20N (1.133 electores se han abstenido ahora, 470 lo hicieron entonces) obedece a la petición que hicieron PSOE, IU y ARMHEX a los vecinos. El resultado ha sido que la mayoría de Guadiana ha dicho NO al paripé de consulta y SÍ al respeto a la LEY.

El presidente Monago firmó el Decreto de independencia que mantenía “del Caudillo” (DOE de 23F) sabiendo que tal nombre conculca la LEY y divide a los ciudadanos. PP que fue elegido alcalde en mayo 2011 con 1.067 votos ha demostrado serlo solamente de una parte de los vecinos de Guadiana al mantener y ampliar la simbología de la dictadura. Monago y PP son dos responsables de distinto nivel y complementarios, que han quedado desautorizados por quienes no ejercieron el derecho a votar como señal de respeto a la LEY. Además, su activa abstención dignifica a Guadiana y a las víctimas del franquismo.

miércoles, 7 de marzo de 2012

El neo-thatcherismo de Rajoy.

El Periódico Extremadura
Gobierno de Rajoy
La reforma del mercado laboral llega después que los ciudadanos hayamos constatado como en la etapa de gran crecimiento económico la mayor parte del empresariado de España apostó por proyectos de rápidos beneficios y no dedicó la parte necesaria del excedente a la reinversión en su empresa.

No esperamos que este empresariado cambie su modus operandi con el Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sino todo lo contrario. Pues, la eliminación de la autorización administrativa de los despidos colectivos, el límite de la prórroga de los convenios a dos años, la desaparición de los salarios de tramitación, las rebajas unilaterales de sueldos y la descentralización de los convenios colectivos decantan la balanza de las relaciones laborales hacia su lado.

Destapada la intención de fondo de la reforma laboral: minar al máximo el papel y poder de los sindicatos, de los obreros, en la relación contractual de trabajo/capital, los ciudadanos hemos comenzado a decir ¡no!, desde la calle. Los sindicatos se apoyan en tales movilizaciones para exigir a Rajoy negociar la modificación de la reforma laboral, que el PSOE pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional si Rajoy no la cambia. Sin embargo el PP manifiesta que no piensa modificarla porque no afecta a sus expectativas electorales del 25-M en Andalucía y Asturias.

Lo cierto es que tanto el Gobierno como los poderes económicos y mediáticos utilizan el 11-M como cortina de humo para restar apoyo a los sindicatos. Un día es Gallardón, Aguirre y Botella quienes critican la convocatoria de protestas laborales previstas para ese día; otro, es el ministro del Interior, Fernández Díaz, quien abunda en más de los mismo (por cierto, con un gran parecido al Arias Navarro de aquel 20-N). De nada sirve que la asociación mayoritaria, presidida por Pilar Manjón, apoye la manifestación prevista y evite entrar al juego de desprestigiar y deslegitimar a los sindicatos. Ellos van a lo suyo: dumping social, legislación antisindical y privatizaciones de los servicios públicos, o sea el neo-thatcherismo como estilo de gobierno Rajoy.

domingo, 4 de marzo de 2012

Neo-thatcherismo como estilo de gobierno Rajoy.

Nosolomérida
Gobierno de Rajoy
La reforma del mercado laboral llega después que los obreros hayamos constatado como en la etapa de gran crecimiento económico la mayor parte del empresariado de España apostó por proyectos de rápidos beneficios y no dedicó la parte necesaria del excedente a la reinversión en su empresa.

No esperamos que este empresario cambie su modus operandi con el Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sino todo lo contrario; porque la eliminación de la autorización administrativa de los despidos colectivos, el límite de la prórroga de los convenios a dos años, la desaparición de los salarios de tramitación, las rebajas unilaterales de sueldos y la descentralización de los convenios colectivos decantan la balanza de las relaciones laborales hacia su lado.

Una vez destapadas las intenciones de fondo de la reforma: “minar al máximo el papel y poder de los sindicatos, de los obreros, en la relación contractual de trabajo/capital”, la ciudadanía en general y los obreros en particular hemos comenzado a decir ¡no! desde la calle. Los sindicatos se apoyan en tales movilizaciones para exigir a Rajoy negociar la modificación de la reforma; los socialistas anuncian que acudirán al Tribunal Constitucional si el Gobierno no cambia la reforma laboral porque consideran que vulnera la Constitución de 1978. Mientras tanto, el PP dice que no piensa mover nada porque no afectará a sus expectativas de voto en Andalucía y Asturias el próximo 25M y critica la estrategia del PSOE de crear un clima de conflictividad social. ”PPancarteros vosotros, responden con un video las juventudes socialistas.

Lo cierto es que tanto el Gobierno como los poderes económicos y mediáticos utilizan cualquier cortina de humo para contribuir a restar apoyo a los sindicatos. Un día Gallardón, Aguirre, Botella y Cifuentes critican la convocatoria de protestas laborales previstas para el 11 de marzo; otro, es el ministro del Interior, Fernández Díaz, quién abunda en más de los mismo (por cierto, con un indisimulado parecido a Arias Navarro). Les da igual que la Asociación 11M Afectados del Terrorismo (presidida por Pilar Manjón) no entre al juego de intentar desprestigiar y deslegitimar a los sindicatos y apoye la manifestación del 11M contra la reforma laboral. Van a lo suyo: dumping social, legislación antisindical y privatizaciones de los servicios públicos, o sea el neo-thatcherismo como estilo de gobierno Rajoy.