La vara de la Justicia.

Extremadura al día

Cándido Conde-Pumpido

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha aconsejado a todos los fiscales que consideren como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los docentes que trabajan en centros públicos. Esgrime que las actividades realizadas por esos funcionarios "constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática", y que esas agresiones no afectan sólo a la integridad personal de quien las sufre, "sino que generan también un daño social, en cuanto que inciden directamente en el régimen de prestación de un servicio reconocido constitucionalmente". Añade, que el delito de atentado a la autoridad no debe aplicarse en los casos en que sean agredidos docentes de centros concertados, ya que éstos no ostentan la condición de funcionario público.

Adecex denuncia reiteradamente que los docentes concertados están discriminados en salarios, en condiciones de trabajo, en el acceso a la jubilación, etcétera, con respecto a sus homólogos públicos desde hace décadas. Mientras tanto, Conde-Pumpido determina que las actividades que realizan estos profesionales no constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática, y que sin son agredidos no resultará dañada la sociedad, ni el servicio público educativo.

Fernández Vara pide a todos los extremeños esfuerzo, trabajo y sacrificio para hacer frente a la crisis; a la vez que Conde-Pumpido pide a Aurelio Blanco, fiscal superior de Extremadura, que a una parte de los docentes del servicio público educativo no los atienda si son agredidos. Todo ello en 2008, año calificado como el de las medidas y políticas de igualdad, y estando vigente el artículo 108.4 de la LOE: "La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados".

Credibilidad y ética política.

Voz emérita

Ángel Calle, alcalde de Mérida

El Boletín Provincial de Badajoz de 19 de diciembre recoge las cuantías de los complementos salariales que percibirán los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida en 2009; unos tendrán un complemento mensual de 2.350 euros; otros de 180 euros. Comparados, resulta que un jardinero percibirá el 7,6% de complemento con respecto al director técnico de urbanismo. Para un músico de la banda municipal la equivalencia es del 7,5%, pues su complemento mensual será de 177 euros.

La responsabilidad de quien tiene que atender el diseño urbanístico, la protección del patrimonio artístico, etcétera, no es semejante a la de quien siembra, abona, riega, etcétera, los parques y jardines de la ciudad; tampoco es semejante a la de quien anima con música los actos sublimes, que con procesión o sin ella se desarrollan a lo largo del año. Seguramente nadie discutirá que sobre la base de la diferente responsabilidad, la compensación vía complemento debe ser desigual. Otra cosa es ponerle cuantía a la diferencia de forma razonable; máxime si quienes tienen la responsabilidad de aprobar la medida política vienen de la escuela de: “cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades”. Además, lo relevante es que quienes toman la decisión lo hacen a sabiendas de que es la autoridad social quien resuelve esta cuestión por principios generales.

Sean tiempos de crisis o no, dure la controversia más o menos días, no estamos para mantener políticos que en poco tiempo dilapidan valores que marcaron una nítida diferencia entre unos y otros colores. Primero, porque ese patrimonio es de los unos desde hace siglos; segundo, porque se va instalando algo muy peligroso, y que corre de boca en boca: “son todos iguales y van a lo mismo”. Y, aunque ellos duren poco, recuperar la credibilidad y la ética política costará mucho tiempo, salvo que rectifiquen pronto y en muchos campos.

Acertada rectificación de la Consejería de Educación.

Voz emérita

Eva María Pérez, consejera de Educación

El pasado día 20 denunciamos que la Consejería de Educación pretendía excluirnos del debate de la futura Ley de Educación, y que Fernández Vara no hacía nada por evitarlo, a pesar de que habíamos apelado reiteradas veces a su sensibilidad democrática y a sus manifestaciones de apoyo al movimiento asociativo.

Nos sorprendía la exclusión, pues asociaciones similares a la nuestra eran nombradas en el Documento de propuestas LEEx, y podían participar en el mismo a través de la web que la Consejería había habilitado para ello. La ventana digital ‘Representativos’ refería a claustro (equipos directivos), Ampa, consejos escolares, universidad, sindicatos y ayuntamientos. Por ello, valoramos que se nos excluía sobre la base de criterios arbitrarios. No obstante, anunciamos que haríamos llegar nuestras propuestas y aportaciones al Documento por distintos canales porque así lo demandan los docentes concertados que están apoyando el referéndum de Adecex.

Se ha producido la rectificación de la Consejería, pues ha abierto una ventana desde la que podemos hacer llegar aportaciones y propuestas al Documento LEEx. Ahora la ventana ‘Representativos Centros Educativos” es para claustro (equipos directivo), Ampa y consejos escolares), la de ‘Representativos (otros)’ para universidad, sindicatos, ayuntamientos, otros (fundaciones, agrupaciones…). Rectificación que aplaudimos, por el bien de una ley para todos y entre todos. No esperábamos menos de Fernández Vara.

Presidente de ADECEX

La enmienda del Senado.

Voz emérita

Docentes Ntra. Sra. Guadalupe, Badajoz 28.11.2007

Día 25 de octubre, una enmienda de Adecex es remitida al Senado para ser recogida en la Ley de PGE 2009. Día 4 de diciembre, está a punto de ser registrada en los términos siguientes: “Al personal docente que desempeñe su trabajo en centros sostenidos con fondos públicos, en los niveles concertados, se le dotará de la financiación complementaria con el fin de lograr la progresiva equiparación con los funcionarios docentes públicos sin antigüedad. Esta dotación para el ejercicio de 2009 deberá suponer, como mínimo, alcanzar el 96% de las retribuciones de dichos docentes”. Para los docentes concertados de Extremadura supondría una mejora sustancial sobre el acuerdo firmado por la Consejería de Educación y los sindicatos el pasado 17 de octubre, pues equivaldría a pasar en 2009 del 86% al 96% de homologación con respecto a un funcionario docente sin antigüedad. Días después el proyecto de PGE 2009 es vetado y devuelto al Congreso; la enmienda adquiere la categoría de “non nata”.

Sabemos que no siempre los esfuerzos se traducen en resultados; también sabemos que nuestra obligación es explorar todos los caminos que conduzcan al cumplimiento de la legalidad. No estamos para ser meros espectadores de una realidad injusta, y tampoco para cruzar los brazos esperando que otros lo hagan.

Credibilidad y ética política.

El Periódico Extremadura

Ángel Calle, alcalde de Mérida

El Boletín Provincial de Badajoz de 19 de diciembre, recoge las cuantías de los complementos salariales que percibirán los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida en 2009; unos tendrán un complemento mensual de 2.350, otros de 180. Comparados, resulta que un jardinero percibirá el 7,6% de complemento con respecto al director técnico de urbanismo. Para un músico de la banda municipal la equivalencia es del 7,5%, pues su complemento mensual será de 177.

La responsabilidad de quien tiene que atender el diseño urbanístico, la protección del patrimonio artístico, etcétera, no es semejante a la de quien siembra, abona, riega, etcétera los parques y jardines de la ciudad; tampoco es semejante con la de quien anima con música los actos sublimes, que con procesión o sin ella se desarrollan a lo largo del año. Seguramente nadie discutirá la compensación sobre la base de la diferente responsabilidad. Otra cosa es ponerle cuantía a la diferencia de forma razonable; máxime si quienes tienen la responsabilidad de aprobar la medida política vienen de la escuela de: cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Además, lo relevante es que quienes toman la decisión lo hacen a sabiendas de que es la autoridad social quien resuelve esta cuestión por principios generales.

Sean tiempos de crisis o no, dure la controversia más o menos das, no estamos para mantener políticos que en poco tiempo dilapidan valores que marcaron una nítida diferencia entre unos y otros colores. Primero, porque ese patrimonio es de los unos desde hace siglos; segundo, porque se va instalando algo muy peligroso, y que corre de boca en boca: son todos iguales y van a lo mismo. Y, aunque ellos duren poco, recuperar la credibilidad y la ética política costará mucho tiempo, salvo que rectifiquen pronto y en muchos campos.